El TC valida la potestad de las CCAA para intervenir normativamente sobre el alquiler turístico por razones de ordenación urbana y social
El pasado 11 de abril se publicó en el BOE la Sentencia 64/2025 del Tribunal Constitucional, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra el Decreto-ley 3/2023 de la Generalitat de Cataluña, relativo a la regulación del régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico.
El contenido esencial de esta sentencia es el siguiente:
Objeto del Decreto-ley impugnado:
Establece que, en determinados municipios catalanes, las viviendas de uso turístico solo podrán operar si están expresamente previstas en el planeamiento urbanístico y si cuentan con licencia previa y limitada en número y tiempo.
Introduce un tope máximo de 10 viviendas turísticas por cada 100 habitantes.
Las licencias se otorgan por un máximo de cinco años, prorrogables, siempre que se respeten los criterios urbanísticos establecidos.
Motivo del recurso:
Los recurrentes alegaban que no existía una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificara recurrir al decreto-ley, tal y como exigen la Constitución (art. 86.1 CE) y el Estatuto de Autonomía de Cataluña (art. 64).
Además, cuestionaban que la norma afectaba al derecho de propiedad (art. 33 CE) y al principio de igualdad, seguridad jurídica y autonomía local.
Decisión del Tribunal:
Desestima el recurso en su totalidad.
Reconoce que el uso turístico masivo de viviendas ha generado efectos negativos sobre el acceso a la vivienda y el equilibrio urbano, y que esta problemática sí justifica la urgencia normativa.
Considera que el decreto-ley no vulnera el derecho de propiedad, ya que regula un uso concreto (turístico) dentro de los márgenes del urbanismo, sin eliminar el uso residencial.
Avala la proporcionalidad y razonabilidad de las restricciones impuestas, y considera que no se discrimina a los municipios afectados, sino que se aplica un criterio objetivo basado en su situación habitacional.
Importancia para el sector turístico:
La sentencia valida la potestad de las CCAA para intervenir normativamente sobre el alquiler turístico por razones de ordenación urbana y social. Por este motivo, consolida también la legalidad y ajuste a derecho del Decreto-Ley aprobado por el Gobierno Valenciano el pasado verano.
Puede sentar un precedente para futuras regulaciones similares en otras comunidades autónomas.
Refuerza la necesidad de colaboración público-privada en la gestión del impacto del turismo sobre el mercado residencial.
